“Proteger el litoral exige intervenir las causas, no solo los síntomas”: entrevista al geólogo colombiano Nelson Rangel-Buitrago
9 de Julio, 2025
Nelson Rangel-Buitrago, geólogo y académico de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, advierte que la erosión en la costa caribeña colombiana afecta más del 48% del litoral y urge a repensar las soluciones desde un enfoque basado en la naturaleza y el conocimiento científico.
Académico de la Universidad del Atlántico y uno de los principales expertos en erosión costera del Caribe colombiano, Nelson Rangel-Buitrago ha dedicado más de dos décadas al estudio de los procesos que transforman la franja litoral.
Sus investigaciones combinan geología, oceanografía y gestión del riesgo, con una fuerte crítica a las soluciones tradicionales que muchas veces profundizan los problemas que buscan resolver. En entrevista con el Centro UC Observatorio de la Costa, analiza las causas de la erosión costera en Colombia, sus impactos y las alternativas sustentables que podrían marcar el camino para una verdadera gobernanza costera.
El investigador abordó los múltiples desafíos que enfrenta el Caribe colombiano frente a la erosión costera, fenómeno que atribuye a una combinación de causas naturales -como el ascenso del nivel del mar o el desequilibrio sedimentario- y a intensas presiones humanas, como la urbanización descontrolada, la minería ilegal de arena o la construcción inadecuada de infraestructuras rígidas.
¿Cuáles son las principales causas de la erosión costera en el Caribe colombiano y qué regiones están más afectadas actualmente?
Las causas son múltiples y responden a una combinación de procesos naturales y acciones antrópicas que operan en diferentes escalas. Entre los factores naturales se encuentran el desequilibrio sedimentario, el oleaje extremo, el ascenso del nivel del mar y la pérdida de ecosistemas protectores como los manglares y los pastos marinos.
Del lado humano, el impacto más crítico proviene de la urbanización acelerada del litoral, la construcción inadecuada de obras de protección costera (como espolones o muros), la minería ilegal de arena y la canalización de ríos, que interrumpe el flujo natural de sedimentos hacia las playas. Un análisis con imágenes satelitales que realizamos mostró que aproximadamente el 48,3% de la costa caribeña colombiana -más de 1.180 kilómetros- presenta erosión. Solo un 18,4% presenta acreción y un 33,2% se mantiene estable.
En sus investigaciones, ¿qué impactos ha identificado en las comunidades costeras debido al retroceso del litoral?
Son impactos profundos, que afectan lo socioeconómico, ambiental y cultural. Por ejemplo, la pérdida de terreno litoral y de playas ha afectado directamente infraestructura clave como carreteras, viviendas y embarcaderos. Un caso muy revelador es el kilómetro 19 de la vía Barranquilla-Santa Marta. En otros lugares del Caribe colombiano la erosión ha generado pérdida de ingresos por turismo y deterioro de la pesca artesanal, afectando la economía local.
Desde lo ambiental, el retroceso ha degradado ecosistemas costeros fundamentales -como manglares, dunas y humedales costeros- que ofrecen servicios ecosistémicos críticos de protección ante marejadas o conservación de biodiversidad. La pérdida de estas funciones naturales incrementa la exposición al riesgo de inundaciones y amenaza la seguridad alimentaria en zonas vulnerables.
En el plano cultural, la erosión ha afectado sitios de valor simbólico y comunitario: playas tradicionales, zonas de pesca ancestral o áreas de recreación. Eso deteriora el arraigo territorial y el tejido social. Un caso emblemático es Cartagena, mi ciudad natal, históricamente asentada en zonas bajas y altamente intervenidas. Allí, el desarrollo urbano desordenado, la construcción de espolones y malecones, y la pérdida de ecosistemas como manglares y dunas, han intensificado la erosión costera.
Esto ha causado que barrios como Bocagrande, Marbella y El Laguito enfrenten pérdida de playas y daño a la infraestructura turística. Además, en algunos barrios costeros, la erosión ha forzado reubicaciones y ha deteriorado el paisaje costero, comprometiendo el atractivo turístico y cultural de la ciudad. Hoy, Cartagena está doblemente amurallada ya que la están “protegiendo de la erosión” con espolones y muros para contener el mar.
Usted ha sido crítico con este tipo de soluciones. ¿Qué alternativas son las más adecuadas?
Mi crítica está basada en evidencia. Nuestras investigaciones han demostrado que muchas infraestructuras tradicionales, como espolones, rompeolas y muros de contención, aunque inicialmente concebidas para “proteger” la costa, a menudo generan efectos contraproducentes. En la mayoría de los casos, estas estructuras alteran la dinámica litoral, interrumpen el transporte sedimentario, intensifican la erosión en sectores adyacentes, reducen el acceso público a la costa y deterioran el paisaje escénico.
En estudios que realizamos, cartografiamos más de 2.000 obras de protección en la costa caribeña colombiana y descubrimos que más del 90% presentan fallas funcionales o baja eficiencia. Muchas fueron construidas sin criterios integrales de manejo.
En su lugar, proponemos un enfoque que llamamos ICEC (Intervention Concerning the Causes). La idea es no actuar sobre el síntoma -la erosión visible-, sino sobre las causas profundas que generan el desequilibrio, como alteraciones en la dinámica sedimentaria por represas, la destrucción de ecosistemas costeros, la canalización de ríos, urbanización no planificada y ocupación de zonas de alta vulnerabilidad..
Algunas de las medidas clave son:
- Restaurar ecosistemas protectores (manglares, dunas, arrecifes) que han sido degradados o eliminados;
- Retirar o rediseñar infraestructuras que bloquean el flujo de sedimentos, como espolones mal ubicados o estructuras rígidas obsoletas;
- Reordenar el uso del suelo y establecer zonas de retiro planificado, evitando nuevas urbanizaciones en áreas de riesgo;
- Rehabilitar el transporte natural de sedimentos, especialmente en cuencas hidrográficas alteradas.
Este enfoque es más eficaz, reduce costos a largo plazo, mejora la resiliencia socioecológica y contribuye a una ocupación más sostenible del litoral. En ese sentido, consideramos que actuar sobre las causas de la erosión es el único camino viable para lograr una gestión realmente integrada y preventiva de la zona costera.
¿Qué papel deberían tener los gobiernos locales y nacionales en la gestión del riesgo costero?
La responsabilidad debe ser compartida y complementaria, donde los gobiernos locales y nacionales asuman roles complementarios pero igualmente fundamentales.
A nivel nacional, el Estado debe asumir el liderazgo en la formulación de políticas públicas integrales que orienten la planificación costera bajo criterios de sostenibilidad, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo. Esto implica establecer marcos normativos robustos, definir líneas de retiro y zonas no urbanizables, generar mecanismos de financiamiento sostenibles y fomentar una cultura de prevención en lugar de reacción. Asimismo, es esencial que el gobierno nacional articule la gestión costera con los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de adaptación climática y los compromisos internacionales en materia ambiental.
Pero son los gobiernos locales quienes ejecutan en el territorio, conocen las dinámicas específicas y pueden implementar soluciones contextualizadas. Para ello, es vital fortalecer sus capacidades técnicas, legales y presupuestarias, proveerles información accesible y herramientas de monitoreo (por ejemplo, mapas de riesgo, escenarios de erosión, herramientas de monitoreo) y promover procesos participativos con las comunidades locales.
Ambos niveles deben trabajar con base en el enfoque ICEC, priorizando medidas estructurales y preventivas, y no solo acciones reactivas tras emergencias. Eso requiere voluntad política, articulación interinstitucional y la incorporación del conocimiento científico en la toma de decisiones, algo que aún es débil en muchos países de América Latina.
¿Y qué rol puede jugar la ciudadanía en esta tarea?
Es clave. Las comunidades costeras no sólo están expuestas a los impactos, también pueden ser agentes activos en los procesos de prevención, monitoreo y adaptación. Pueden monitorear los cambios en la costa, registrar eventos extremos, reportar daños o estructuras ilegales, participar en proyectos de ciencia ciudadana, restaurar ecosistemas como manglares o dunas, y sobre todo, aportar conocimiento local.
Los habitantes locales pueden colaborar en el seguimiento de los cambios morfológicos de la costa, registrar eventos extremos, reportar estructuras ilegales o deterioradas, y participar en proyectos de ciencia ciudadana. Estos datos, si son bien sistematizados, aportan evidencia valiosa para la toma de decisiones. Eso sí, debe ser una participación bien guiada y técnica. En Colombia vimos casos donde comunidades construyeron espolones sin asesoría, y eso agravó los problemas.
También es fundamental la educación territorial: explicar las causas de la erosión, promover cambios de comportamiento y fomentar la corresponsabilidad. Participar en comités locales, consultas y procesos de planificación refuerza la legitimidad de las decisiones.
La participación activa en procesos de consulta, comités locales de gestión del riesgo, y planificación territorial permite que las voces de las comunidades sean tenidas en cuenta en las decisiones sobre el futuro del litoral. Esto refuerza la legitimidad y eficacia de las medidas implementadas. Proteger el litoral no puede depender exclusivamente de decisiones técnicas o institucionales.
La ciudadanía es una aliada estratégica, capaz de aportar conocimiento local, ejercer control social, y promover prácticas sostenibles que contribuyan a mitigar los procesos de erosión costera.
